El caso ha encendido alertas en el sector comercial sobre la importancia de contar con protocolos de seguridad actualizados y autorizados.
El incendio ocurrido el 1 de noviembre en una sucursal de Waldo’s en el centro de Hermosillo, que dejó 23 personas fallecidas y 12 heridas, ha desencadenado una crisis económica para la cadena comercial. Tras el siniestro, el Gobierno de Sonora ordenó el cierre temporal de las 68 tiendas Waldo’s en el estado, lo que representa un golpe directo a sus operaciones y flujo de ingresos.
La medida busca realizar inspecciones exhaustivas en cada sucursal para verificar el cumplimiento de normas de seguridad, luego de que se confirmara que la tienda siniestrada no contaba con un programa interno de protección civil autorizado desde 2021. Esta omisión ha sido clave en las investigaciones y ha puesto en entredicho la responsabilidad corporativa de la empresa.
El cierre de las tiendas implica la suspensión de ventas en todo el estado, lo que podría representar pérdidas diarias superiores a los 5 millones de pesos, considerando el promedio de ingresos por sucursal. En una semana, las pérdidas podrían superar los 35 millones, sin contar los costos legales, indemnizaciones y daños a la reputación.
Además del impacto económico directo, Waldo’s enfrenta una caída en la confianza del consumidor. Las búsquedas relacionadas con la tragedia se han disparado en plataformas digitales, lo que refleja una creciente preocupación pública sobre las condiciones de seguridad en sus establecimientos.
El gobierno estatal, encabezado por el gobernador Alfonso Durazo, ha reiterado que no se permitirá la reapertura de ninguna tienda hasta que se garantice el cumplimiento total de las normas de protección civil. Esto podría extender el cierre por semanas, agravando las pérdidas y afectando a cientos de empleados que dependen de estas fuentes de trabajo.
Por su parte, la empresa ha mantenido un perfil bajo en sus declaraciones públicas, mientras enfrenta una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Se espera que en los próximos días se definan responsabilidades legales y se anuncien medidas de reparación para las víctimas y sus familias.
El caso ha encendido alertas en el sector comercial sobre la importancia de contar con protocolos de seguridad actualizados y autorizados. Expertos señalan que esta tragedia podría marcar un precedente en la regulación de tiendas de descuento y cadenas minoristas en México.
