En México, aún persiste la práctica de registrar a trabajadores con un salario menor al que realmente perciben, entregando el resto en efectivo, fuera de nómina
Esta modalidad, conocida como “pago en sobres amarillos”, busca evadir impuestos y cuotas patronales, pero coloca al trabajador en una situación de vulnerabilidad legal y social.
Aunque el empleado reciba más dinero en mano, su salario oficial, el que aparece ante el IMSS y el SAT, es inferior, lo que afecta directamente sus derechos. Uno de los principales perjuicios es la afectación a la seguridad social.
Al estar registrado con un salario menor, el trabajador cotiza menos ante el IMSS, lo que reduce el monto de sus prestaciones médicas, incapacidades, pensión y ahorro para el retiro.
En caso de enfermedad, accidente o jubilación, los beneficios serán calculados con base en el salario reportado, no en el que realmente recibe. Si el trabajador es despedido, la indemnización legal, que incluye prima de antigüedad, liquidación y finiquito, se calcula con base en el salario registrado.
Esto significa que, aunque haya trabajado por años con un sueldo mayor, recibirá menos dinero del que le correspondería si estuviera correctamente registrado. Además, en juicios laborales, demostrar el pago extra puede ser difícil si no hay pruebas documentales.
El salario registrado también influye en el acceso a créditos hipotecarios, personales o automotrices. Instituciones como Infonavit y bancos evalúan la capacidad de pago según el ingreso oficial.
Un salario bajo registrado limita el monto del crédito disponible, impidiendo que el trabajador acceda a vivienda digna o financiamiento para mejorar su calidad de vida. Más allá de lo económico, esta práctica genera desmotivación, estrés y sensación de injusticia.
Según especialistas en salud laboral, los bajos salarios registrados son un riesgo psicosocial que puede afectar la salud mental del trabajador, provocando ansiedad, desconfianza hacia la empresa y falta de compromiso. La desigualdad entre el esfuerzo realizado y el reconocimiento formal deteriora el ambiente laboral.
La Ley Federal del Trabajo establece sanciones para los empleadores que no pagan el salario acordado o que falsean los montos en los recibos. Las multas pueden ir desde 3 mil hasta más de 400 mil pesos, e incluso penas de prisión de hasta seis años en casos graves.
Además, el SAT puede imponer sanciones fiscales por evasión de impuestos y cuotas al IMSS. Muchos trabajadores aceptan esta práctica por necesidad, desconocimiento o temor a perder el empleo. En contextos de alta informalidad y escasa oferta laboral, el ingreso inmediato pesa más que la protección a largo plazo.
Sin embargo, esta decisión, aunque comprensible, perpetúa la precariedad y limita el desarrollo personal y familiar. Erradicar el pago en sobres amarillos requiere voluntad empresarial, vigilancia institucional y conciencia social. Los trabajadores deben conocer sus derechos, exigir contratos transparentes y denunciar irregularidades. Promover una cultura de legalidad no solo fortalece la economía formal, sino que dignifica el trabajo y construye un país más justo.
