Esta medida forma parte de una estrategia para corregir excesos, aplicar la normativa de manera uniforme y fortalecer la equidad en el sistema de pensiones del Estado mexicano
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha iniciado un proceso de revisión exhaustiva de pensiones contributivas que superan el monto máximo permitido por la ley. Esta medida forma parte de una estrategia para corregir excesos, aplicar la normativa de manera uniforme y fortalecer la equidad en el sistema de pensiones del Estado mexicano.
El límite legal establecido para las pensiones contributivas es de 10 UMAS, lo que equivale aproximadamente a $34,000 pesos mensuales. De acuerdo con el ISSSTE, se han detectado casos en los que los montos otorgados superan significativamente este tope, lo que ha motivado la intervención directa del instituto para revisar cada expediente.
La revisión contempla tres posibles escenarios para las pensiones que presenten irregularidades: reducción, suspensión temporal o cancelación definitiva. En caso de que se compruebe que el monto no corresponde con los años de servicio, nivel de responsabilidad o cargo desempeñado, se aplicarán los ajustes necesarios para alinearlo con la ley.
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El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, explicó que esta medida busca corregir inequidades en el sistema, garantizar justicia para quienes reciben pensiones bajas y combatir prácticas que han generado distorsiones financieras. El proceso se enmarca en el eje de combate a la corrupción y fortalecimiento institucional del plan de transformación del ISSSTE.
La verificación incluirá una revisión documental detallada de cada caso, considerando los antecedentes laborales, nombramientos, escalafón y condiciones de retiro. El objetivo es asegurar que cada pensión haya sido otorgada conforme a los criterios legales y administrativos vigentes.
Los ajustes no serán negociables ni excepcionales. El ISSSTE ha confirmado que todas las pensiones contributivas que excedan el límite legal serán revisadas, sin importar el cargo, antigüedad o situación personal del beneficiario. Esto incluye a exfuncionarios, trabajadores jubilados y pensionados activos en el sistema.
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Para quienes resulten afectados, el impacto podría ser considerable. Una reducción de pensión implicaría una modificación directa en el ingreso mensual, mientras que una suspensión temporal podría dejar al beneficiario sin pago durante el proceso de revisión. En casos graves, la cancelación definitiva se aplicará si se detectan irregularidades permanentes en la documentación.
El ISSSTE ha señalado que esta medida no busca castigar, sino restablecer el equilibrio financiero del sistema y garantizar que los recursos públicos se distribuyan de manera justa. También se contempla mejorar las pensiones más bajas como parte de una reforma integral que incluye salud, vivienda y seguridad social.
Organizaciones de pensionados han manifestado preocupación ante la posibilidad de perder parte o la totalidad de sus ingresos. Sin embargo, el instituto ha reiterado que se respetarán los derechos adquiridos conforme a la ley, siempre que no se hayan otorgado de forma irregular.
Este proceso de revisión marca un precedente en la política de pensiones del país. El llamado del ISSSTE es claro: quienes reciben montos superiores al límite legal deben prepararse para una evaluación rigurosa. La transparencia y la legalidad serán los pilares de esta transformación.
