Empresarios alertan que los nuevos requisitos podrían asfixiar a los pequeños negocios del país
La reciente aprobación de la Reforma Antilavado por parte de la Cámara de Diputados ha encendido las alarmas entre micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) en todo México. Aunque el objetivo de la reforma es reforzar el combate contra el lavado de dinero, sus implicaciones podrían resultar en una carga operativa y económica difícil de sostener para este importante sector productivo.
Con 297 votos a favor de Morena y sus aliados, la modificación a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y al Código Penal Federal fue avalada sin cambios, a pesar de las interrupciones técnicas que afectaron la votación electrónica. La reforma también amplía la intervención de órganos como la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, abriendo un nuevo frente de vigilancia.
Uno de los puntos más debatidos es la redefinición de las llamadas Personas Políticamente Expuestas (PPEs), ya que ahora se incluyen no solo a funcionarios actuales y pasados, sino también a sus familiares, socios y personas cercanas. Además, se amplían las operaciones consideradas vulnerables, incluyendo la compra de bienes inmuebles, joyería y movimientos con tarjetas bancarias.
Aunque las intenciones legislativas parecen claras, las consecuencias prácticas preocupan a gremios empresariales como la Coparmex. El organismo patronal ha advertido que esta reforma puede tener un efecto contraproducente: en lugar de fortalecer el cumplimiento, podría empujar a muchas MiPyMEs a la informalidad o incluso al cierre.
Riesgos para el corazón del aparato productivo
En México, las MiPyMEs generan más del 70% del empleo formal y representan el 99.8% de las unidades económicas, según datos del INEGI. La Coparmex sostiene que estas empresas no cuentan con la infraestructura necesaria para cumplir con las nuevas exigencias, que incluyen identificación exhaustiva de clientes, monitoreo permanente de operaciones y reportes constantes ante el SAT.
Uno de los puntos más críticos señalados es la sobrerregulación. Las nuevas obligaciones imponen trámites y verificaciones que podrían paralizar la operación cotidiana de muchos negocios, especialmente los que operan con márgenes ajustados y personal reducido. A esto se suma el riesgo de sanciones económicas elevadas, que podrían alcanzar hasta los 7.3 millones de pesos.
El monitoreo constante de las operaciones y la obligación de identificar al beneficiario final en caso de personas morales requerirá inversiones en tecnología y capacitación, algo que no todas las empresas pueden costear. En un entorno económico aún afectado por la inflación y la desaceleración del consumo, estos requerimientos podrían significar la diferencia entre mantenerse a flote o desaparecer.
Otro aspecto cuestionado es la limitación al uso de efectivo. En un país donde gran parte de las transacciones aún se realizan fuera del sistema bancario, imponer restricciones estrictas podría dejar fuera del circuito formal a miles de negocios. Esto, paradójicamente, podría alentar prácticas informales y debilitar la supervisión.
Cuestionamientos sobre la vigilancia y uso de datos
La reforma también ha sido criticada por ampliar el ámbito de vigilancia a actores políticos y empresariales mediante una definición extendida de PPEs. Diputados de oposición y miembros del sector privado advirtieron sobre los riesgos de una posible discrecionalidad en la aplicación de esta figura, especialmente al incluir a familiares y asociados.
Una preocupación recurrente es el uso político de la información financiera recabada. Diversos legisladores, incluyendo representantes del PRI y Movimiento Ciudadano, alertaron que la concentración de datos delicados en manos del Ejecutivo podría derivar en persecuciones motivadas por intereses ajenos a la legalidad.
La falta de un acompañamiento técnico adecuado también es motivo de inquietud. Coparmex ha sido enfática al señalar que ninguna regulación de este calibre puede implementarse de forma abrupta, sin apoyo y sin una transición razonable. En su comunicado, la confederación exigió un plan escalonado con incentivos para que el cumplimiento sea viable, especialmente para los pequeños negocios.
Además, el riesgo de que esta legislación termine aplicándose solo a grandes corporativos, dejando a las MiPyMEs en la indefensión o fuera del sistema formal, es una amenaza latente. “Se está legislando de espaldas a la realidad del país”, acusaron representantes empresariales.
Llamado al diálogo antes de su entrada en vigor
Pese a las advertencias, la reforma fue turnada al Ejecutivo y se espera su publicación en el Diario Oficial de la Federación en los próximos días. Una vez publicada, entrará en vigor con fuerza de ley, lo que genera incertidumbre en un entorno donde la confianza empresarial ya se encuentra debilitada.
Desde Coparmex, se insiste en la necesidad de reabrir el diálogo con el sector productivo. “No estamos en contra del combate al lavado de dinero, pero sí de mecanismos punitivos que ignoran las capacidades reales de las empresas”, señaló el organismo. La preocupación no es menor: muchas unidades económicas clasificadas como actividades vulnerables aún luchan por cumplir con la ley vigente, y una mayor exigencia sin apoyo podría ahogar su operación.
El llamado es claro: si se quiere fortalecer el Estado de derecho, debe hacerse sin perjudicar la viabilidad de las MiPyMEs. Sin un equilibrio entre vigilancia y sostenibilidad, el costo social y económico de esta reforma podría ser más alto de lo previsto.
En los próximos días, será crucial observar la respuesta del Ejecutivo y si se atenderán las demandas de los sectores afectados. Mientras tanto, miles de pequeños empresarios esperan claridad y apoyo ante un marco legal que, de no corregirse, podría convertirse en un nuevo obstáculo para su desarrollo.
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