Los altos salarios de los trabajadores del INE, casi como la presidenta

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE reciben salarios elevados debido a la naturaleza de sus funciones y al marco legal que regula sus percepciones

La presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, percibe 120,398 pesos mensuales, una cifra apenas 550 pesos menor a la del presidente de la República.

El sueldo de los integrantes del INE ha generado debate público por estar muy por encima del promedio nacional. Sin embargo, estos montos se justifican en la responsabilidad que implica organizar y garantizar procesos electorales en un país con más de 90 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

La labor del instituto es considerada estratégica para la estabilidad democrática, lo que ha llevado a establecer remuneraciones altas como parte de un esquema de autonomía y profesionalización.

Los salarios de los consejeros electorales están determinados por disposiciones legales y presupuestales aprobadas por la Cámara de Diputados. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los consejeros deben contar con condiciones que aseguren independencia y eviten presiones externas. Por ello, se fijan percepciones similares a las de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros altos funcionarios del Estado mexicano.

Además de la presidenta, los demás consejeros del INE reciben ingresos mensuales cercanos a los 100,000 pesos. Estos montos incluyen sueldo base y prestaciones, y se mantienen dentro de los límites que marca la Constitución respecto a no superar el salario del presidente. El objetivo es garantizar que quienes ocupan estos cargos tengan estabilidad económica y se concentren en sus funciones sin riesgo de conflictos de interés.

La justificación principal de estos salarios elevados es que el INE es responsable de organizar elecciones federales y locales, administrar el financiamiento de partidos políticos, fiscalizar sus recursos y garantizar condiciones de equidad en las contiendas. Se trata de tareas complejas que requieren personal altamente especializado y con experiencia en derecho, administración pública y procesos electorales. Por ello, se considera que las remuneraciones deben ser proporcionales a la magnitud de las responsabilidades.

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