Entre gradualidad, diálogo y desafíos sectoriales, se construye el camino hacia una reforma laboral histórica
La propuesta para reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales ha tomado forma a través de foros públicos organizados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Hasta ahora se han llevado a cabo cuatro encuentros en ciudades clave como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Tijuana. La conclusión: existe voluntad, pero también matices entre los sectores involucrados sobre cómo debe implementarse esta transformación.
El consenso más claro gira en torno a la gradualidad. Mientras la STPS plantea alcanzar la meta en 2030, los sindicatos exigen que se logre en 2027. Por su parte, el sector empresarial ha propuesto una reducción progresiva de una hora por año, lo que alargaría la transición más allá de lo planteado por el gobierno. Esta diversidad de posturas ha dado pie a un debate técnico y político sobre los plazos y mecanismos adecuados.
Además del tiempo, la flexibilidad es otro eje recurrente. Tanto trabajadores como empresarios han solicitado que se permita una distribución más adaptable de las horas, considerando esquemas semanales o mensuales. También se ha pedido reconocer legalmente modelos como el trabajo por objetivos y los llamados bancos de horas, con el fin de adecuarse a realidades productivas muy distintas entre sectores.
Otro punto central ha sido la necesidad de una deducibilidad plena de las prestaciones laborales. Esta medida ha sido respaldada tanto por sindicatos como por representantes del empresariado, como una vía para reducir los impactos financieros de la reforma. La coincidencia refleja la intención común de avanzar hacia un nuevo esquema laboral sin comprometer la estabilidad de las empresas ni el ingreso de los trabajadores.
Propuestas y preocupaciones por sector
Entre las propuestas surgidas en los foros destaca la implementación de un diagnóstico sectorial previo a la reforma. Esta medida permitiría identificar qué industrias podrían adaptarse con mayor facilidad y cuáles requerirían reglas especiales o incluso quedar excluidas. La intención es diseñar una reforma que no aplique de forma uniforme, sino que contemple la diversidad del mercado laboral mexicano.
También se han planteado incentivos específicos para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), con acompañamiento técnico y estímulos fiscales. Para muchos negocios de este tamaño, una reducción de la jornada sin apoyo institucional podría traducirse en costos difíciles de asumir. De ahí la importancia de prever mecanismos que amortigüen el impacto económico de la reforma.
Por otro lado, hay propuestas que buscan modernizar el marco normativo en paralelo con la reducción de la jornada. Por ejemplo, regular de forma clara el pago por hora, eliminar el tope máximo de horas extras o reducir el impuesto sobre la renta (ISR) de las mismas. Asimismo, se ha solicitado incorporar una prima dominical del 25% como parte del nuevo esquema de trabajo.
Otra demanda relevante es excluir de la limitación de 40 horas a los altos directivos, argumentando que sus funciones operativas y responsabilidades no se ajustan a las reglas generales. Esta medida busca evitar rigideces en puestos clave de liderazgo, aunque ha generado opiniones divididas dentro del sector sindical.
Los organismos internacionales avalan la reducción
Organismos como la OIT, la OCDE, la CEPAL y el BID han participado en los foros y coincidido en la necesidad de avanzar hacia una jornada laboral más corta. Sin embargo, también han advertido que una reforma de esta magnitud requiere de un diseño cuidadoso, especialmente en un país tan heterogéneo como México.
Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la OIT en México, subrayó que no existe una solución única para todos los sectores. “Una sola medida de aplicación inmediata podría no ser la solución adecuada”, señaló, haciendo hincapié en la necesidad de un enfoque gradual y por etapas.
Los organismos también reconocieron la apertura al diálogo que ha mostrado el gobierno mexicano. La disposición a escuchar y adaptar las propuestas ha sido bien valorada como un paso fundamental para lograr una transformación laboral con legitimidad social.
Asimismo, se ha sugerido implementar programas piloto con empresas públicas y privadas que permitan evaluar en tiempo real los efectos de la reforma sobre la productividad y el bienestar laboral. Esta fase experimental podría servir como base empírica para perfeccionar la iniciativa antes de su aplicación general.
Próximos pasos rumbo a la reforma
Faltan aún dos foros públicos, programados en Querétaro y Cancún, antes de que la STPS presente las conclusiones del proceso. Según lo anunciado, será el próximo 1 de septiembre cuando se enviará el proyecto de Ley a la Cámara de Diputados para su discusión legislativa. La expectativa es que el diálogo tripartito se mantenga como base para alcanzar consensos sostenibles.
Marath Bolaños, titular de la STPS, ha reiterado que los dos pilares fundamentales del proceso son la gradualidad y el diálogo. “Se trata de una transformación profunda que debe llevarse a cabo con responsabilidad y participación”, declaró al cierre del cuarto foro.
Con estos lineamientos, el gobierno busca consolidar una reforma que no solo mejore la calidad de vida de los trabajadores, sino que también fortalezca el modelo productivo nacional. Para lograrlo, la clave será mantener el equilibrio entre los intereses sociales, económicos y sectoriales.
La jornada laboral de 40 horas parece cada vez más cercana, pero su éxito dependerá del consenso y la capacidad del país para traducir el debate en una política pública viable y justa.
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