Reducción en edad de jubilación del ISSSTE genera debate por desigualdad y alto costo fiscal
El reciente decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum ha desatado un intenso debate entre especialistas y sectores económicos. La nueva medida permitirá que trabajadores del ISSSTE bajo el régimen del décimo transitorio se jubilen a partir de los 53 años —en el caso de las mujeres— y a los 55 los hombres. Esto contrasta con quienes cotizan en Afores, cuya edad de retiro sigue fijada en los 65 años.
Carlos Ramírez, ex titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), advirtió que esta reforma introduce un “desequilibrio grave” en el sistema de pensiones mexicano. La diferencia de hasta 12 años en la edad de retiro entre trabajadores del Estado y del sector privado, dijo, genera una brecha de derechos sin justificación económica ni técnica.
El decreto congela el incremento progresivo en la edad de retiro que estaba programado para culminar en 2028, y establece una disminución gradual que, para 2034, permitirá que las mujeres del ISSSTE se retiren a los 53 años y los hombres a los 55. Esta medida se aplicará únicamente a quienes pertenecen al régimen de transición contemplado en el artículo décimo transitorio.
Mientras tanto, millones de trabajadores con Afore continuarán sujetos al régimen de retiro a los 65 años, generando una percepción de inequidad entre empleados que realizan labores similares, pero están sujetos a distintos esquemas previsionales.
Un impacto fiscal que se sentirá a partir de 2030
Aunque la medida ha sido bien recibida por sectores sindicales, el impacto económico no será inmediato, sino acumulativo. Según estimaciones de la Secretaría de Educación Pública, la reducción en la edad de retiro costará al erario 36 mil millones de pesos solo durante el sexenio actual.
La presidenta Sheinbaum señaló que, en un plazo más amplio, el costo adicional podría superar los 80 mil millones de pesos, aunque no precisó a qué periodo exacto corresponde dicha cifra. Aun así, reconoció que es una decisión con implicaciones fiscales de gran magnitud.
Carlos Ramírez puntualizó que será a partir de 2030 cuando el sistema de pensiones empiece a resentir el mayor impacto financiero. El número creciente de jubilados que accederán a una pensión más temprano, sumado al aumento de la esperanza de vida, tensionará aún más los recursos públicos.
Expertos en finanzas públicas advierten que sin una estrategia de financiamiento clara, esta reforma podría incrementar el déficit presupuestario destinado a pensiones, que ya representa uno de los compromisos más altos dentro del gasto social.
¿Reforma justa o medida regresiva?
Uno de los principales argumentos en contra de esta medida es la desigualdad que introduce entre trabajadores del sector público y privado. Mientras los primeros podrán acceder a su pensión más de una década antes, los segundos deberán continuar ahorrando en sus cuentas individuales con mayores exigencias y menor certidumbre sobre el monto final.
Para Ramírez y otros especialistas, esta situación podría considerarse regresiva, pues mantiene privilegios que ya habían sido objeto de reformas para buscar un sistema más equitativo y sostenible. El regreso a condiciones especiales para un grupo específico rompe con ese objetivo.
Por otro lado, sindicatos del sector educativo y de salud han defendido la medida como una reparación histórica, asegurando que responde a años de trabajo bajo condiciones demandantes y mal remuneradas. Según su visión, el retiro temprano es un derecho que mejora la calidad de vida de quienes dedicaron décadas al servicio público.
La discusión está lejos de cerrarse. La implementación gradual de esta reforma a partir de 2028 dará margen para que el tema siga siendo objeto de análisis y, probablemente, de litigios o intentos de ampliación a otros grupos de trabajadores.
