¡Habrá una prueba piloto y el IMSS ya ha puesto las reglas en la mesa! con sus “Reglas de carácter general de la prueba piloto para la incorporación de las personas trabajadoras de plataformas digitales al régimen obligatorio del seguro social”
Este martes fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las nuevas Reglas de carácter general de la prueba piloto para la incorporación de las personas trabajadoras de plataformas digitales al régimen obligatorio del seguro social. La iniciativa representa un avance significativo en la implementación de la reforma laboral para quienes laboran mediante aplicaciones como Uber, Didi y Rappi.
Sergio Guerrero, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), calificó este anuncio como un hito que reconoce los derechos de miles de personas que hasta ahora laboraban en la informalidad digital. Con esta prueba piloto se busca evaluar, de manera práctica, los mecanismos de aseguramiento a través del IMSS para conductores, repartidores y otros colaboradores.
La prueba no será opcional: las empresas deberán inscribir a sus trabajadores desde el primer mes de operaciones, usando como base el salario mínimo vigente. Este modelo permitirá garantizar cobertura médica y de riesgos desde el primer día, aunque el ingreso de la persona no supere el mínimo mensual requerido.
Uno de los principales retos será la correcta implementación de estas reglas por parte de las plataformas tecnológicas, quienes deberán asumir nuevas responsabilidades administrativas y financieras para cumplir con la obligación social.

Afiliación desde el primer ingreso
Entre los puntos clave de esta nueva regulación se establece la afiliación inicial universal. Esto implica que todos los trabajadores digitales deberán ser inscritos ante el IMSS con un salario base igual al mínimo mensual en la Ciudad de México, con el objetivo de ofrecer cobertura médica y acceso a prestaciones desde el inicio de su actividad.
Además, se introducirá una determinación mensual del aseguramiento, con lo cual las plataformas deberán informar al IMSS cuáles de sus colaboradores han alcanzado el ingreso neto mínimo requerido. Aquellos que no lo logren, seguirán teniendo protección en caso de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo.
La medida también contempla una estricta transparencia en cotización y pagos. Las plataformas tendrán la responsabilidad de calcular, retener y enterar las cuotas obrero-patronales, a más tardar el día 17 de cada mes. También deberán reportar los movimientos afiliatorios durante los primeros cinco días de cada mes.
Por otro lado, se establece que estos trabajadores serán clasificados bajo la Clase IV de Riesgo de Trabajo, una de las más elevadas, reconociendo los riesgos físicos y de exposición asociados a sus tareas diarias.
Compatibilidad con otros derechos
El IMSS aclaró que las personas que actualmente reciben pensión por cesantía o vejez podrán mantenerla sin afectación alguna, incluso si son afiliadas como parte de esta prueba piloto. Además, quienes estén registrados bajo la Modalidad 40 (continuación voluntaria al régimen obligatorio) también conservarán dicho beneficio.
Este punto ha sido bien recibido por asociaciones de trabajadores y analistas laborales, ya que ofrece certeza jurídica a quienes han construido ya parte de su historial de cotización. La intención es evitar la pérdida de derechos adquiridos mientras se avanza hacia un nuevo modelo de seguridad social incluyente.
La prueba piloto tendrá una duración de 180 días naturales, a partir del 1 de julio de 2025. Durante ese tiempo, el IMSS recopilará información para definir una legislación secundaria que permita establecer de forma permanente este nuevo esquema.
No obstante, aún hay áreas pendientes por definir, como el porcentaje del Ingreso Neto Mensual que se tomará como base de cotización, punto clave para que esta iniciativa beneficie de forma real a la mayoría de los trabajadores.
Compromiso de todas las partes
Sergio Guerrero subrayó que esta iniciativa no puede ser efectiva sin el compromiso firme de las plataformas digitales, las autoridades y las organizaciones de trabajadores. Si bien las reglas ya están delineadas, su aplicación práctica requerirá vigilancia y voluntad por parte de todos los actores involucrados.
“Estas reglas de carácter general son parte de un proceso de transición”, dijo Guerrero. “No estamos ante una solución final, sino ante un paso estructurado que debe evolucionar hacia una legislación sólida y justa”.
El representante sindical también advirtió que la falta de definición sobre la base de cotización podría generar desigualdades en la cobertura si no se ajusta adecuadamente al nivel real de ingresos de los trabajadores digitales.
Para los repartidores y conductores, la medida representa una oportunidad sin precedentes de acceder a servicios médicos, pensiones, y prestaciones sociales que históricamente han estado fuera de su alcance por la informalidad del sector.