El caso más reciente involucra a cinco personas enviadas a Eswatini, una monarquía aislada en África, lo que ha encendido alarmas entre defensores de derechos humanos y gobiernos internacionales
Pero, ¿qué pasa? Con esta medida sin precedentes, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha comenzado a deportar migrantes indocumentados a países africanos con los que no tienen ningún vínculo. El caso más reciente ocurrió esta semana, cuando cinco personas fueron enviadas a Eswatini, una pequeña nación del sur de África gobernada por una monarquía absoluta.
Los deportados son originarios de Jamaica, Cuba, Yemen, Vietnam y Laos, pero sus países de origen se negaron a recibirlos debido a sus antecedentes penales. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se trata de individuos condenados por delitos graves como asesinato y violación infantil. La vocera del DHS, Tricia McLaughlin, los calificó como “tan bárbaros” que ningún país quiso aceptarlos.
La deportación se realizó en un avión militar, escoltado por soldados armados, y los migrantes fueron entregados a las autoridades de Eswatini, donde permanecen en celdas de aislamiento. El gobierno local confirmó que están “en tránsito” hacia sus países de origen, aunque no se ha revelado cómo ni cuándo se completará ese proceso.
Este tipo de deportación fue posible gracias a una reciente decisión de la Corte Suprema de EE.UU., que permite enviar migrantes a terceros países sin previo aviso, incluso si no tienen lazos familiares, culturales o lingüísticos con esos destinos. La falta de transparencia ha generado preocupación entre organizaciones como Amnistía Internacional, que advierten sobre el riesgo de violaciones a los derechos humanos.
Eswatini, antes conocida como Suazilandia, es una de las últimas monarquías absolutas del mundo. El país ha sido criticado por su historial de represión política, pobreza extrema y crisis sanitaria. Activistas locales temen que la llegada de migrantes con antecedentes penales pueda agravar la situación y que no existan garantías legales para su protección.
Aunque EE.UU. ha realizado acuerdos similares con países como El Salvador, donde pagó 6 millones de dólares para albergar a migrantes deportados, no se ha revelado si hubo compensación para Eswatini. Lo que sí está claro es que esta política marca un giro radical en la estrategia migratoria estadounidense, con consecuencias aún inciertas para los deportados y los países que los reciben.
