El Departamento del Tesoro de Estados Unido acusó a CIBanco, Intercam y Vector de tener vínculos indebidos con personas del crimen organizado
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció medidas sin precedentes contra tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector— acusándolas de tener vínculos con organizaciones delictivas. La sanción prohíbe a bancos estadounidenses realizar transferencias de fondos hacia o desde estas entidades mexicanas, como parte de una ofensiva contra el flujo financiero que alimenta la producción y distribución de opioides sintéticos.
Estas acciones se enmarcan dentro de una recién implementada ley con la que el gobierno estadounidense busca cortar el financiamiento a las redes criminales. Según el comunicado oficial, los tres bancos habrían facilitado operaciones millonarias que permitieron adquirir precursores químicos, principalmente desde China, empleados en la producción de esta sustancia altamente adictiva.
CIBanco fue señalado por supuestamente haber permitido transacciones por más de 2.1 millones de dólares entre empresas mexicanas y compañías chinas entre 2021 y 2024. Además, en 2023, un empleado de esta institución habría abierto una cuenta para mover 10 millones de dólares en beneficio de un cliente vinculado con una organización criminal. En tanto, Intercam fue acusado de mantener contactos directos con personas señaladas por su relación con estas redes ilícitas, además de haber canalizado más de 1.5 millones de dólares hacia Asia.
Vector, por su parte, fue relacionado con transacciones realizadas por personas sospechosas de operar como intermediarios financieros, y de haber ejecutado más de un millón de dólares en transferencias a empresas chinas entre 2018 y 2023. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) afirmó que estas entidades desempeñaron un papel clave y prolongado en el movimiento de fondos utilizados para abastecer estas operaciones ilegales.
Frente a las acusaciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México emitió un comunicado en el que reconoció que fue notificada con antelación por parte del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, aclaró que, hasta el momento, no ha recibido pruebas concretas que respalden los señalamientos contra los bancos mencionados. La dependencia añadió que solicitó información adicional al Tesoro para poder iniciar cualquier acción legal dentro del marco nacional.
Hacienda subrayó que, en caso de recibir evidencia verificable sobre operaciones financieras ilícitas, se actuará con el peso de la ley y en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Mientras tanto, las tres instituciones mexicanas continúan operando con normalidad en el país, aunque las restricciones impuestas por Estados Unidos ya han generado inquietud en los mercados financieros.
El caso marca un nuevo capítulo en la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad financiera y control de sustancias, aunque también pone sobre la mesa los desafíos que implica demostrar jurídicamente las conexiones entre instituciones bancarias y redes criminales. La atención ahora se centra en las acciones que emprenderán las autoridades mexicanas tras estas acusaciones internacionales.
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