Las pensiones millonarias que aún reciben miles de extrabajadores de empresas estatales como Pemex y la extinta Luz y Fuerza del Centro
Durante la conferencia matutina del 29 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó uno de los temas más polémicos del momento: las pensiones millonarias que aún reciben miles de extrabajadores de empresas estatales como Pemex y la extinta Luz y Fuerza del Centro. El informe presentado por Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y de Buen Gobierno, reveló cifras que han encendido el debate sobre el uso del erario público y la necesidad urgente de una reforma legal.
Según el reporte oficial, un ex servidor público recibe más de un millón de pesos mensuales como pensión. Además, 9,457 extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro perciben entre 100 mil y un millón de pesos cada mes.
De ellos, 3,500 tienen una jubilación superior al sueldo neto de la presidenta. En Pemex, 544 jubilados ganan más que la mandataria, y más de 600 superan el salario del director general de la empresa.
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En total, el gasto anual por pensiones en Luz y Fuerza asciende a 28 mil millones de pesos, mientras que en Pemex se destinan 24 mil 844 millones para jubilados de confianza.
Estas cifras contrastan con el promedio nacional de pensión, que ronda los 7,092 pesos mensuales, lo que significa que algunos beneficiarios reciben hasta 140 veces más que el ciudadano promedio.
¿Cómo se aprobaron estas pensiones?
Las pensiones fueron otorgadas bajo esquemas laborales y contractuales de administraciones anteriores, especialmente durante el periodo neoliberal. Muchos de estos beneficios se consolidaron antes de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro en el sexenio de Felipe Calderón. Aunque fueron legales en su momento, hoy se consideran “ofensivos” por el impacto que tienen en las finanzas públicas y por la desigualdad que representan frente a la mayoría de los trabajadores mexicanos.
Reforma constitucional en camino
Ante esta situación, la presidenta Sheinbaum anunció que su gobierno analiza enviar al Congreso una reforma constitucional para frenar este tipo de pensiones. “Estamos revisando casos que son realmente exorbitantes y que derivan de administraciones anteriores. No podemos permitir que el erario público siga financiando privilegios que no corresponden con la realidad del país”, declaró.
Además, se han iniciado mesas de trabajo interinstitucionales con el IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE, la Secretaría de Hacienda y otras dependencias para revisar la legalidad de estas pensiones y establecer nuevos criterios para su otorgamiento. También se contempla emitir un Oficio Circular para normar el pase de supervivencia y agilizar el intercambio de información con el Registro Nacional de Población.
