Jueces han bloqueado el intento de Donald Trump de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos
El controvertido plan del expresidente Donald Trump para cancelar la ciudadanía por nacimiento en hijos de inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos permanece bloqueado tras nuevas decisiones judiciales. Este viernes, la orden de un juez en New Hampshire entró en vigor al no ser apelada por la administración, y otro magistrado en Boston se mostró dispuesto a mantener las restricciones contra la medida presidencial.
El juez federal Joseph LaPlante, quien había suspendido inicialmente su fallo para permitir una apelación, confirmó que al no haberse presentado ningún recurso por parte del Gobierno, su orden que impide aplicar la eliminación de ciudadanía sigue siendo válida en todo el país. La resolución fue celebrada por organizaciones de derechos civiles como la ACLU, que representan a menores afectados.
“El Gobierno no ha apelado ni buscado medidas de emergencia, por lo que esta orden ahora protege a todos los niños cuya ciudadanía estaba en riesgo”, afirmó Cody Wofsy, abogado de la ACLU. La decisión impide, por ahora, que entre en vigor la iniciativa del expresidente para negar el derecho a la ciudadanía a hijos de padres indocumentados.
Aunque la administración Trump todavía podría solicitar limitar el alcance de la orden o intentar una apelación futura, por el momento el plan de modificar el principio de ciudadanía por nacimiento, consagrado en la Constitución, queda suspendido.
Audiencia en Boston evalúa posibles restricciones a la medida cautelar
En paralelo, otro proceso judicial avanza en Boston, donde el juez federal Leo Sorokin escuchó los argumentos de más de una docena de estados que rechazan la medida impulsada por Trump. Los estados alegaron que la orden es “abiertamente inconstitucional” y generaría enormes costos en servicios públicos y sistemas administrativos si se implementara.
Durante la audiencia, el Gobierno federal planteó limitar el alcance de la orden judicial vigente, argumentando que debería centrarse únicamente en las supuestas afectaciones financieras de los estados demandantes. Sin embargo, el juez Sorokin pareció escéptico ante esta propuesta, y se mostró inclinado a mantener la protección a nivel nacional.
Los abogados del Gobierno sugirieron alternativas poco claras, como otorgar a los niños nacidos en los estados afectados números de Seguro Social, pero no ciudadanía. Esta opción fue duramente criticada por los demandantes, quienes advirtieron que generaría confusión, sobrecargaría a las autoridades locales y podría provocar que familias de otros estados migraran a los estados con menores restricciones para acceder a servicios.
El juez aún no ha dictado sentencia en este caso, aunque en la audiencia dejó ver su preocupación por la falta de claridad y viabilidad de las propuestas del Gobierno.
Gobierno sin plan claro para implementar su propuesta
Durante la audiencia en Boston, los representantes del Gobierno federal fueron cuestionados repetidamente sobre cómo planeaban limitar el alcance de la medida judicial y cómo implementarían un sistema alternativo sin ciudadanía automática para los nacidos en EU Sin embargo, sus respuestas resultaron poco concretas.
El abogado gubernamental Eric Hamilton sostuvo que cualquier modificación de la orden judicial debería “adaptarse estrictamente” a las lesiones económicas alegadas por los estados demandantes. No obstante, al ser presionado por el juez sobre los detalles de esa implementación, Hamilton solo respondió que cumplirían con cualquier orden que se les diera.
El juez Sorokin, visiblemente frustrado, utilizó una analogía para ilustrar la falta de definición del plan: “Me dicen que construirán un muro para reducir el ruido, pero no saben cómo lo harán ni si será suficiente ni si cumplirán con las normas”, comentó el magistrado.
Esta falta de preparación y de propuestas viables debilitó aún más la posición del Gobierno en la audiencia, según varios analistas legales presentes.
La Constitución y la historia detrás de la ciudadanía por nacimiento
Las decisiones judiciales recientes se apoyan en principios establecidos desde el siglo XIX. En el centro de la disputa está la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, la cual garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense.
Este principio fue reafirmado después del famoso caso de Dred Scott, donde inicialmente se negó la ciudadanía a un hombre esclavizado, y se considera uno de los pilares de los derechos civiles en Estados Unidos. Por ello, los jueces han considerado que las órdenes ejecutivas de Trump violan directamente la letra y el espíritu de la Constitución.
La administración del expresidente argumenta que los hijos de personas sin estatus legal no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no deberían recibir la ciudadanía automática. Sin embargo, hasta ahora, los tribunales han rechazado esta interpretación.
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