Continúa la polémica sobre la CURP biométrica, hay muchos personajes en contra de su implementación
La implementación de la CURP biométrica como requisito obligatorio en México ha encendido las alertas entre expertos en derechos humanos y protección de datos. Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió que esta medida concentra de manera desproporcionada información personal en la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Población.
En entrevista para la primera emisión de Imagen Radio, Villanueva señaló que esta centralización de datos contradice las prácticas democráticas internacionales, que suelen evitar el acaparamiento de información sensible por parte del Ejecutivo. Según el especialista, el gobierno no solo tendrá acceso irrestricto a los datos, sino que también se convierte en el responsable de protegerlos.
Esto último resulta especialmente preocupante tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que antes cumplía la función de vigilante independiente para garantizar la privacidad de los ciudadanos.
El investigador subrayó que entregar al mismo ente el control y la custodia de la información pone en riesgo la seguridad y el derecho a la privacidad de los mexicanos, en un contexto donde las garantías legales parecen insuficientes.
Contradicciones con estándares internacionales
Villanueva explicó que la concentración de datos biométricos en manos del Ejecutivo federal no es compatible con los estándares democráticos internacionales. Entre otras consecuencias, abre la puerta a formas de vigilancia en tiempo real que pueden extenderse a todos los sectores de la población, incluyendo menores de edad y adolescentes.
El investigador remarcó que México ha suscrito tratados internacionales que garantizan el derecho a la privacidad, los cuales podrían ser vulnerados por la implementación obligatoria de la CURP biométrica.
Además, alertó sobre los riesgos de que esta base de datos pueda ser utilizada con fines políticos o de control social, algo que contraviene las prácticas de sociedades abiertas y democráticas.
Las medidas, en su opinión, ignoran compromisos internacionales que exigen mecanismos independientes de supervisión y límites claros al uso de los datos personales por parte del Estado.
Críticas al uso obligatorio del documento
Otro de los puntos críticos que subrayó Villanueva fue la obligatoriedad de presentar la CURP biométrica para acceder a bienes y servicios. Esta imposición podría convertirse en un mecanismo de exclusión social para quienes no cuenten con el documento, ya sea por dificultades en el trámite o por objeciones de conciencia ante la concentración de sus datos.
El especialista enfatizó que la fe en la buena voluntad del Ejecutivo no puede sustituir al mandato legal ni a las garantías jurídicas adecuadas. “Debemos tomar previsiones jurídicas, y aquí no se están tomando”, señaló con firmeza durante su intervención.
Recordó que la obligación de presentar un documento controlado íntegramente por el gobierno para actividades cotidianas constituye una forma de control social poco compatible con un Estado democrático.
Por ello, recomendó revisar la medida a fondo y buscar alternativas que respeten el derecho a la privacidad sin poner en riesgo la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Vigilancia en tiempo real, una preocupación creciente
La acumulación de datos biométricos centralizados incrementa el riesgo de vigilancia en tiempo real, lo cual podría usarse para seguir los movimientos y actividades de cualquier ciudadano. Villanueva advirtió que, sin contrapesos institucionales, estas capacidades podrían ser explotadas para fines distintos a los originalmente planteados.
Además, la información almacenada incluiría datos de menores y adolescentes, algo que vulnera principios de protección a la infancia y expone a los más jóvenes a un control excesivo.
El investigador subrayó que la vigilancia indiscriminada no es aceptable en una democracia moderna, donde debe prevalecer la presunción de inocencia y la libertad de movimiento.
Por ello, insistió en la necesidad de que cualquier iniciativa de identificación masiva sea revisada a la luz de los derechos humanos y las obligaciones internacionales asumidas por México.
Desaparición del Inai agrava la situación
Uno de los elementos que más preocupa a los expertos es la desaparición del Inai, que antes operaba como un organismo autónomo encargado de garantizar la transparencia y la protección de datos personales.
Con su ausencia, no existe una entidad independiente que supervise el manejo de los datos recabados por el Ejecutivo federal, lo que debilita las garantías para los ciudadanos.
Villanueva lamentó que el gobierno concentre en sí mismo las funciones de recopilador y protector de datos, algo que constituye un claro conflicto de interés y una amenaza a la privacidad.
Además, sin un contrapeso institucional, los ciudadanos quedan prácticamente indefensos ante abusos o filtraciones de información sensible, lo que podría tener consecuencias legales y personales graves.
Llamado a revisar la medida y garantizar derechos
Para el investigador de la UNAM, la implementación de la CURP biométrica obligatoria representa un retroceso en materia de protección de datos personales y respeto a los derechos humanos.
Hizo un llamado a las autoridades para que revisen la medida y adopten un marco jurídico adecuado que contemple los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima intrusión en la vida privada.
También instó a abrir un debate público y transparente sobre los riesgos y beneficios de esta política, permitiendo que la sociedad participe en la toma de decisiones.
Finalmente, advirtió que ignorar las preocupaciones actuales podría generar problemas más graves en el futuro, comprometiendo la confianza de los ciudadanos en las instituciones y debilitando las bases del Estado democrático.
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