Brugada lanza 14 medidas que buscan proteger a inquilinos, estabilizar precios y preservar la identidad de la ciudad
CDMX.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó un ambicioso plan con 14 medidas para frenar la gentrificación y garantizar el derecho a una vivienda digna.
Esta estrategia, conocida como el “Bando 1”, busca estabilizar los precios de renta, regular el alojamiento temporal y proteger tanto a los habitantes tradicionales como a los nuevos visitantes que llegan a la capital.
La iniciativa responde a una creciente preocupación por el desplazamiento de comunidades locales ante el aumento desmedido de rentas y la especulación inmobiliaria.
Para quienes ya habitan en la ciudad, estas medidas representan un escudo frente a los aumentos injustificados en el alquiler. Se establece que ninguna renta podrá subir más allá de la inflación anual, y se creará un Índice de Precios de Alquiler Razonable para monitorear zonas de alta presión inmobiliaria.
Se impulsará una nueva Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, que equilibrará los derechos y obligaciones entre arrendadores e inquilinos.
Los visitantes y nuevos residentes también se beneficiarán de un entorno más regulado y transparente. La propuesta incluye una estricta regulación de las plataformas de alojamiento temporal, como Airbnb, para evitar que la vivienda habitacional se convierta masivamente en hospedaje turístico.
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Esto permitirá que quienes llegan a vivir a la ciudad encuentren opciones de renta más accesibles y sostenibles, sin contribuir al desplazamiento de comunidades locales.
Otro eje fundamental del plan es la creación de vivienda pública en zonas céntricas, con enfoque sostenible y social. Se priorizará el arrendamiento para sectores vulnerables como jóvenes, madres solteras, adultos mayores y trabajadores esenciales. También se ampliará el programa de “vivienda nueva progresiva”, que busca mejorar y expandir espacios habitacionales en barrios populares, fortaleciendo el arraigo y la cohesión social.
La estrategia contempla la creación de una Defensoría de Derechos Inquilinarios, un organismo público que brindará apoyo legal, mediación y defensa ante abusos o desalojos ilegales.
Esta figura será clave para garantizar relaciones más justas entre arrendadores e inquilinos, y para prevenir prácticas especulativas que afectan la estabilidad habitacional de miles de personas.
