La presidenta de México, Claudia Sheinbaum exige que Grupo Salinas cubra su deuda sobre el pago de impuestos al SAT
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alzó la voz desde Palacio Nacional al denunciar que la deuda fiscal de Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, supera los 74 mil millones de pesos, una cifra que excede el presupuesto anual de 25 entidades federativas. La mandataria fue tajante: permitir que esa suma no sea pagada equivaldría a una injusticia histórica, y responsabilizó al Poder Judicial de haber permitido durante años que se retrasara el cumplimiento legal.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum advirtió que el rechazo de ciertos sectores a la reforma del Poder Judicial no es casual, sino que responde a intereses económicos particulares. “¿Por qué tanta crítica y enojo? Porque tenían vínculos con ministros, lo que permitía retrasar decisiones”, afirmó, sugiriendo que durante más de una década Grupo Salinas habría utilizado sus conexiones para prolongar un litigio que busca evitar el pago de impuestos acumulados por sus empresas.
El señalamiento no se limitó al ámbito judicial. La presidenta también criticó a TV Azteca, una de las empresas más visibles del conglomerado de Salinas Pliego, al cederle la palabra a uno de sus reporteros para ejercer el derecho de réplica. “No reciben publicidad oficial desde el año pasado. Pues también por eso están tan enojados, están muy enojados”, declaró Claudia Sheinbaum, subrayando un posible conflicto de intereses detrás de las coberturas informativas del medio.
El periodista cuestionó si será posible garantizar la imparcialidad de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entrarán en funciones en septiembre, frente a casos como el de Grupo Salinas. La presidenta respondió de forma categórica: “Nosotros no damos línea; decimos la verdad, que es muy distinto”, y reiteró que su objetivo no es controlar al Poder Judicial, sino restaurar el estado de derecho en un país donde, según dijo, los privilegios deben terminar.
La mandataria federal subrayó que el litigio entre el conglomerado empresarial y el SAT lleva más de 16 años. A su juicio, la negativa a pagar impuestos representa no sólo una evasión económica, sino una afrenta al desarrollo nacional. “Queremos que un grupo empresarial que lleva 16 años litigando para no pagar impuestos, pague lo que debe, conforme a la ley”, enfatizó, en un mensaje dirigido tanto al empresariado como al aparato judicial.
Sheinbaum no escatimó en cifras. Explicó que los 74 mil millones de pesos podrían traducirse en inversiones sociales y de infraestructura de alto impacto. Mencionó que el nuevo hospital Agustín O’Horán en Mérida costó 3 mil millones de pesos; un Cablebús equivale a una inversión de 3 mil 500 millones. Incluso hizo comparaciones con programas sociales: el apoyo anual a mujeres de 60 a 64 años requiere 54 mil millones de pesos y las becas para madres trabajadoras tienen asignados 4 mil millones.
En ese sentido, puntualizó que la cifra adeudada supera también el presupuesto de la beca universal para estudiantes de secundaria, una de las banderas sociales de la actual administración. Para la presidenta, estos datos demuestran que la evasión fiscal de grandes corporaciones no es un asunto aislado, sino una decisión que limita directamente el desarrollo y la equidad social del país.
Además de las cifras, Sheinbaum abordó el uso de la tecnología como herramienta de desprestigio. Afirmó que enfrenta una campaña de ataques personales, incluso utilizando inteligencia artificial para burlarse de su apariencia y trayectoria. “Tenemos algo que se llama derecho de réplica”, sentenció, reclamando una narrativa más justa frente a los cuestionamientos mediáticos, y dejando claro que su administración no se quedará callada ante la manipulación.
La presidenta cerró su mensaje dejando entrever que el caso de Grupo Salinas podría convertirse en un símbolo de la transformación que plantea su gobierno. Para ella, el combate a la evasión fiscal no es sólo un tema contable, sino una lucha ética por definir si México seguirá siendo un país de privilegios o uno que exige el cumplimiento de la ley sin excepciones. “Lo que queremos es justicia”, reiteró.
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