Sheinbaum impulsa una reforma que busca canalizar parte de los recursos de las Afores hacia proyectos de infraestructura estratégica, bajo esquemas de inversión “responsables”
El riesgo de tocar los ahorros del retiro
La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de permitir que los recursos de las Afores se canalicen hacia proyectos de infraestructura ha generado inquietud entre trabajadores y especialistas.
Aunque el gobierno asegura que los fondos seguirán siendo propiedad de los trabajadores y que la intención es aumentar la rentabilidad de sus ahorros, la preocupación central es que se expongan a riesgos políticos y financieros que podrían afectar directamente el dinero destinado al retiro.
Uno de los temores más recurrentes es que los proyectos de infraestructura, aunque estratégicos, no siempre garantizan rendimientos seguros. Los adultos que han aportado durante décadas a su Afore temen que una mala administración o decisiones poco transparentes terminen reduciendo el monto de sus pensiones. La memoria de reformas anteriores, que dejaron jubilaciones muy por debajo del último salario, alimenta la desconfianza.
Otro punto de preocupación es la falta de claridad sobre los mecanismos de supervisión. Si bien se habla de inversiones responsables y reguladas, aún no se detallan los candados que impedirían que los recursos se utilicen en proyectos con baja viabilidad o que respondan más a intereses políticos que a beneficios económicos reales.

La incertidumbre también alcanza a las generaciones más jóvenes, quienes ven en las Afores la única garantía de un ingreso al final de su vida laboral. Para ellos, la idea de que sus ahorros puedan ser utilizados en proyectos ajenos a su control despierta dudas sobre la seguridad de su futuro.
En medio de estas inquietudes, la narrativa oficial insiste en que el Fondo de Pensiones para el Bienestar permitirá que los trabajadores se retiren con el 100% de su último sueldo. Sin embargo, la distancia entre la promesa y la realidad dependerá de la transparencia, la vigilancia ciudadana y la capacidad del Estado para cumplir lo que hoy se presenta como una solución.



