Las reglas cambiaron a favor del consumidor en México. El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor
El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que prohíbe los cobros automáticos sin consentimiento previo en servicios digitales, telefonía y membresías como gimnasios. Esta medida busca proteger a los usuarios de cargos inesperados y facilitar la cancelación de servicios que ya no desean mantener.
La modificación al artículo 76 Bis establece que las empresas deberán notificar al consumidor con al menos cinco días naturales de anticipación antes de renovar cualquier suscripción o membresía. Además, deberán ofrecer mecanismos claros y accesibles para cancelar el servicio de forma inmediata, sin penalizaciones ni trámites complicados.
La reforma aplica a plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Spotify, servicios de telefonía móvil, gimnasios, clubes deportivos y cualquier empresa que ofrezca servicios con pagos periódicos. Todas deberán ajustar sus sistemas para cumplir con las nuevas disposiciones una vez que la ley sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.
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El objetivo principal de esta iniciativa es devolver al consumidor el control sobre sus decisiones financieras, evitar cobros no autorizados y eliminar las trabas que dificultan la cancelación de servicios. La propuesta fue impulsada por legisladores de Morena y recibió respaldo unánime en el Senado.
Con esta reforma, se busca promover prácticas más éticas y transparentes en el comercio digital, además de fomentar un consumo más informado y justo. Las empresas que incumplan con estas disposiciones podrían enfrentar sanciones por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
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Los usuarios, por su parte, deberán estar atentos a las notificaciones de renovación, revisar sus suscripciones activas y aprovechar la nueva facilidad para cancelar servicios sin penalizaciones. También podrán denunciar ante Profeco cualquier incumplimiento de esta ley.
Esta reforma representa un avance significativo en la defensa de los derechos digitales en México y marca un antes y un después en la relación entre consumidores y proveedores de servicios recurrentes.
