Hacienda propone acceso en tiempo real a plataformas digitales
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó una propuesta para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueda acceder de forma permanente y en línea a los registros operativos de plataformas digitales, con el objetivo declarado de mejorar la recaudación y la fiscalización. La iniciativa forma parte del paquete de cambios al Código Fiscal que busca robustecer el control sobre las transacciones digitales.
La reforma contempla la adición de un artículo (identificado en el proyecto como 30-B) que obligaría a prestadores de servicios digitales a abrir “ventanas” de acceso a sus sistemas centrales para que el SAT consulte operaciones en tiempo real. Según el documento, la medida se articularía con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
La propuesta también prevé medidas coercitivas: los prestadores que no entreguen la información podrían ser sujetos a bloqueos temporales por parte de los operadores de telecomunicaciones hasta cumplir con las obligaciones fiscales. Ese mecanismo, planteado como herramienta de cumplimiento, es uno de los puntos que ha despertado mayor controversia.
Desde Hacienda se argumenta que el acceso inmediato facilitaría la detección de evasión y la recaudación eficiente en un ecosistema digital que ha crecido en importancia para las finanzas públicas. No obstante, la capacidad operativa y legal para implementar dicho acceso es objeto de debate público y político.
Quiénes estarían en la mira y qué implicaría para usuarios y empresas
El paquete normativo menciona expresamente plataformas y servicios que operan en México: servicios de streaming (como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y ViX), marketplaces y otras plataformas de comercio electrónico. La intención es cubrir tanto a proveedores de contenido como a intermediarios que realizan operaciones sujetas a impuestos.
Para las empresas, la obligación significaría una reingeniería tecnológica considerable: adaptar arquitecturas, crear canales seguros de transmisión y cumplir especificaciones que defina el SAT para registros y sistemas de cómputo. Los analistas advierten que esto demandaría inversiones millonarias y tiempo de implementación.
Para los usuarios, el riesgo señalado por defensores de derechos digitales es que un acceso amplio y persistente a registros operativos puede revelar patrones de consumo, ubicaciones y datos transaccionales, información que, si no se delimita legalmente, podría ir más allá de fines estrictamente tributarios. Esa ambigüedad es uno de los puntos más criticados del texto propuesto.
El proyecto sostiene que la medida apuntala la equidad fiscal: cifras oficiales muestran que los ingresos tributarios por plataformas tecnológicas han crecido en los últimos años, lo que explica el interés por regular y vigilar con mayor detalle este segmento. Sin embargo, la confrontación entre eficiencia recaudatoria y protección de datos está en el centro del debate.
Riesgos de privacidad y alertas de la industria
Organizaciones como la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) han advertido que la redacción actual del proyecto no delimita con precisión el tipo de información consultable, lo que abre la posibilidad de accesos que trasciendan lo fiscal y alcancen datos personales y de comportamiento de los usuarios. Esa ausencia de límites legales ha sido calificada como un riesgo para la privacidad.
Especialistas en derechos digitales señalan también un riesgo político: medidas de bloqueo sin intervención judicial expedita podrían afectar la libertad de expresión y el acceso a la información si se aplican de forma amplia o automática. Esa preocupación conecta con debates previos sobre facultades de la ATDT y el alcance de las sanciones administrativas.
Expertos en protección de datos han advertido que la exigencia de “puertas abiertas” a los sistemas de las empresas constituye un avance significativo en el control de datos por parte del Estado y debe analizarse en el contexto de otras iniciativas sobre concentración de información en manos gubernamentales. Para estos especialistas, la propuesta exige garantías adicionales de control democrático y supervisión independiente.
Las plataformas consultadas hasta ahora han preferido la reserva o no han respondido públicamente; algunas empresas han declinado comentar mientras que otras han subrayado las implicaciones técnicas y legales que implicaría atender una demanda de acceso en tiempo real.
Factibilidad técnica y costos de implementación
Técnicamente, abrir un canal de acceso continuo para una autoridad externa implica rediseñar infraestructuras que originalmente no fueron pensadas para ese propósito. La industria recalca que no se trata sólo de transferir datos, sino de garantizar seguridad, integridad y disponibilidad frente a una mayor superficie de ataque.
La magnitud del volumen de datos que fluiría hacia el SAT obliga a preguntarse por la capacidad de almacenamiento, procesamiento y protección ante ciberataques. Los críticos sostienen que si el canal se concibe sin medidas técnicas y jurídicas robustas, aumentaría el riesgo tanto para las plataformas como para el propio Estado.
Desde la óptica empresarial, además del costo directo, existen preocupaciones por la exposición de secretos industriales y algoritmos: entregar acceso sin límites podría afectar ventajas competitivas y modelos de negocio, un argumento que las compañías suelen esgrimir en materia regulatoria.
El proyecto, en sus propias líneas, asigna al SAT la facultad para definir especificaciones técnicas, lo que plantea un cuadro complejo: la autoridad fiscal tendría la responsabilidad operativa sobre la recepción y resguardo de información crítica. Eso multiplica la discusión sobre recursos y controles independientes.
Choque con el T-MEC y riesgos para el comercio digital
Especialistas en comercio internacional advirtieron que una exigencia de acceso permanente sin restricciones podría entrar en conflicto con obligaciones de libre flujo transfronterizo de datos contenidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En particular, el requerimiento podría ser visto como una barrera injustificada al comercio digital si condiciona la operación local a la entrega de datos o algoritmos.
El capítulo sobre comercio digital del T-MEC prohíbe medidas que impongan condiciones desproporcionadas para la operación transfronteriza de servicios digitales; por eso, expertos señalan la necesidad de valorar cuidadosamente la compatibilidad del proyecto con compromisos internacionales.
Además, la ambigüedad en el alcance del acceso (qué datos, por cuánto tiempo y con qué garantías) alimenta la incertidumbre para inversionistas y operadores globales, que buscan reglas claras y estables para operar en México. Ese clima de incertidumbre puede tener costos económicos más allá de la recaudación inmediata.
La convergencia entre obligaciones fiscales, protección de datos y compromisos comerciales obliga a que cualquier reforma sea acompañada de estándares claros de transparencia, supervisión judicial y salvaguardas técnicas antes de exigir un cambio de esta magnitud.
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