El acuerdo fue firmado únicamente por grandes empresas gasolineras, lo que ha generado críticas entre los pequeños distribuidores que no fueron convocados.
Este domingo 31 de agosto concluye el acuerdo nacional que mantuvo el precio de la gasolina Magna en 24 pesos por litro durante los últimos seis meses. El pacto, firmado en febrero por el Gobierno Federal y grandes distribuidores del sector energético, fue diseñado para contener la inflación y brindar estabilidad a los consumidores. Sin embargo, su vencimiento ha generado incertidumbre entre empresarios, ciudadanos y autoridades, quienes esperan una posible renovación que aún no ha sido confirmada oficialmente.
El empresario gasolinero Heriberto Félix Díaz, con sede en Los Mochis, Sinaloa, expresó su preocupación ante la falta de información clara por parte del gobierno. Aunque ha escuchado comentarios en conferencias matutinas que sugieren una extensión del acuerdo hasta diciembre, no existe un pronunciamiento formal. “Pretenden que se alargue hasta fin de año, pero no hay nada oficial todavía”, declaró.
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Durante el periodo de vigencia del pacto, los consumidores se beneficiaron de precios estables en todo el país, sin aumentos semanales. No obstante, para los pequeños empresarios del ramo, el esquema representó un reto económico. Félix Díaz señaló que operar con márgenes de ganancia tan reducidos ha sido complicado, y que incluso Pemex ha absorbido costos logísticos elevados al mantener precios uniformes pese a las diferencias en transporte y distribución.
El acuerdo fue firmado únicamente por grandes empresas gasolineras, lo que ha generado críticas entre los pequeños distribuidores que no fueron convocados. Al establecerse un precio tope, los minoristas se ven obligados a igualarlo para no quedar fuera de competencia, lo que ha provocado tensiones en el sector. “Si ellos bajan el precio, automáticamente lo tenemos que poner igual”, explicó Félix Díaz.
Además, el empresario cuestionó que el gobierno exija mantener precios bajos sin ofrecer incentivos fiscales o reducciones en impuestos como el IEPS, lo que agrava la situación financiera de las estaciones de servicio. “Nos piden mantener cierto precio con bajo margen de ganancia, pero no hay ninguna disminución en los impuestos que nos aplican”, comentó.
La Secretaría de Hacienda ha mantenido su postura de no otorgar estímulos fiscales a la gasolina Magna ni al diésel desde abril, lo que ha contribuido a la presión económica sobre el sector energético. Esta decisión se suma a la incertidumbre sobre el futuro del pacto, que podría impactar directamente en el bolsillo de millones de mexicanos si los precios se disparan tras el 31 de agosto.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido el acuerdo como una medida histórica para proteger la economía de las familias mexicanas. En su momento, destacó que el pacto fue voluntario y que sería evaluado al término de los seis meses para decidir su continuidad. Sin embargo, hasta ahora no ha emitido una postura definitiva sobre su renovación.
Con el fin del pacto a la vuelta de la esquina, el país se encuentra en vilo. El precio de la gasolina es un tema de interés nacional que afecta directamente el costo de vida, la movilidad y la operación de miles de negocios. La decisión que tome el Gobierno Federal en los próximos días será clave para definir el rumbo económico del último trimestre del año.
