SAT lanza advertencia fiscal y el IMSS activa nueva afiliación para repartidores de Uber, Didi y Rappi
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió una advertencia importante dirigida a repartidores y conductores que prestan servicios mediante plataformas digitales como Uber, Didi y Rappi. A través de un comunicado oficial, en conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la autoridad fiscal recordó a estos trabajadores que deben cumplir con sus obligaciones tributarias como personas físicas con actividad empresarial, manteniéndose al corriente en sus declaraciones de ISR e IVA.
Este aviso se enmarca dentro de la Primera Versión Anticipada de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Miscelánea Fiscal 2025. El SAT busca con ello brindar certeza jurídica, establecer reglas claras y eliminar ambigüedades sobre el régimen fiscal que aplica a quienes generan ingresos a través de apps tecnológicas. Pese a los cambios recientes en la Ley Federal del Trabajo, la autoridad fue enfática: el reconocimiento de derechos laborales no exime a los repartidores del cumplimiento fiscal.
Las obligaciones específicas incluyen declarar los ingresos obtenidos, emitir y conservar comprobantes fiscales, y utilizar los canales digitales del SAT para realizar sus trámites. La reforma laboral que entró en vigor en diciembre de 2024 no modifica el esquema fiscal, pero sí abre una nueva etapa en la formalización del trabajo digital. Por ello, el SAT busca que los prestadores de servicios no sólo conozcan sus derechos, sino también sus deberes ante el fisco.
Para facilitar el cumplimiento, el SAT habilitó canales como MarcaSAT, OrientaSAT y el chat en línea. Con estas herramientas, los trabajadores de plataformas digitales pueden resolver dudas, obtener asesoría personalizada y evitar sanciones por omisión o desconocimiento.
El IMSS activará afiliación obligatoria para repartidores a partir de julio
Además del anuncio fiscal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que a partir del 1 de julio de 2025 entrará en vigor un nuevo esquema de afiliación obligatoria para repartidores y conductores de plataformas digitales, como parte de la reforma laboral aprobada el año pasado. Esta medida histórica busca garantizar seguridad social a quienes generan ingresos mediante estas apps, siempre que cumplan con el umbral mínimo de ingresos mensuales.
De acuerdo con el IMSS, los trabajadores que acumulen al menos un salario mínimo mensual (aproximadamente $8,364 pesos en 2025) serán afiliados de manera obligatoria y podrán acceder a los cinco seguros del régimen ordinario: enfermedades, invalidez, retiro, riesgos de trabajo y guarderías. En caso de no alcanzar ese ingreso, las plataformas estarán obligadas a brindarles cobertura contra accidentes laborales sin costo para el trabajador.
Las empresas, por su parte, deberán cumplir con nuevas obligaciones: registrarse como patrones ante el IMSS, afiliar a los trabajadores, reportar movimientos mensuales y cubrir cuotas proporcionales al ingreso neto de cada prestador. También deberán garantizar transparencia algorítmica y ofrecer atención humana en disputas laborales, además de evitar bloqueos arbitrarios y garantizar el reparto de utilidades para quienes trabajen más de 288 horas anuales.
Este modelo busca ofrecer protección social sin perder la flexibilidad que caracteriza a estas actividades. El ingreso al sistema de seguridad social no implicará un cambio en el régimen fiscal actual, ya que no se imponen nuevos impuestos ni se modifica el tratamiento del ISR o del IVA para estas actividades.
La reforma laboral reconoce derechos sin eliminar responsabilidades fiscales
Uno de los aspectos clave del nuevo marco legal es que reconoce una relación laboral entre los prestadores de servicios y las plataformas digitales, lo que otorga derechos como acceso al IMSS, créditos del Infonavit y prestaciones laborales. Sin embargo, el SAT dejó en claro que esta reforma no exime del cumplimiento tributario, y que todos los trabajadores deberán seguir declarando sus ingresos y pagando los impuestos correspondientes.
Esta doble regulación, laboral y fiscal, pretende evitar vacíos legales que hasta ahora dificultaban el reconocimiento de derechos y, al mismo tiempo, permitían esquivar responsabilidades fiscales. Con reglas más claras, tanto plataformas como trabajadores sabrán a qué atenerse. A través de contratos formales, la ley establecerá límites y responsabilidades sin interferir en la autonomía operativa de los repartidores.
Entre las novedades más destacadas se encuentra la prohibición de cobrar por el uso de las apps, la garantía de que los trabajadores conozcan los criterios de asignación de pedidos mediante algoritmos, y la implementación de protocolos contra acoso y discriminación. Asimismo, se mantiene la flexibilidad de horarios: los prestadores de servicios seguirán decidiendo cuándo conectarse y cuánto trabajar.
Este nuevo marco normativo se aplicará durante una prueba piloto nacional de 180 días, que servirá para evaluar su efectividad y proponer ajustes al Congreso. Durante este periodo, todos los repartidores y conductores recibirán un número de seguridad social, y las empresas deberán garantizar cobertura desde el primer día de actividad.
Transparencia, seguridad social y cumplimiento tributario: la nueva era de las apps
La combinación de estas medidas marca el inicio de una nueva etapa en la economía digital mexicana. Por primera vez, se establece un puente entre derechos laborales y responsabilidades fiscales para un sector que ha crecido de forma acelerada, pero en muchos casos sin reglas claras. Con la entrada en vigor de estas disposiciones, los trabajadores de plataformas digitales tendrán acceso a servicios de salud, pensiones y créditos, mientras que las empresas estarán sujetas a supervisión fiscal y laboral más estricta.
Aunque algunos sectores han manifestado preocupaciones sobre el costo operativo que implican estas medidas, la mayoría de los expertos coincide en que representan un avance en la formalización del empleo digital. Para los trabajadores, se trata de un paso necesario hacia la estabilidad, especialmente en un contexto económico incierto.
Con ello, el gobierno federal busca garantizar condiciones más equitativas, proteger a quienes se desempeñan en el ecosistema digital y evitar que las plataformas operen al margen de la ley. Se espera que la implementación de esta política también sirva como ejemplo para otras economías en desarrollo que enfrentan desafíos similares.
Por ahora, tanto repartidores como conductores deben informarse, registrarse y cumplir con sus nuevas obligaciones para evitar sanciones. Las plataformas, por su parte, están obligadas a proporcionar información clara y canales de apoyo. Así, comienza una nueva era para el trabajo digital en México.
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