El nuevo decreto del Gobierno de Claudia Sheinbaum modifica la edad de retiro para más de 900 mil trabajadores del Estado afiliados al régimen de transición
En un movimiento que marca un antes y un después en la historia laboral del sector público mexicano, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum publicó el pasado 25 de junio de 2025 un decreto que modifica de forma significativa el régimen de jubilación de los trabajadores al servicio del Estado. La disposición, que apareció en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, reduce de manera progresiva la edad mínima para el retiro de quienes cotizan bajo el artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE, vigente desde la reforma de 2007.
Este cambio detiene el incremento escalonado en la edad de jubilación establecido por la normativa anterior y, por el contrario, abre la puerta a una jubilación anticipada para un amplio grupo de servidores públicos. A partir de esta reforma, entró en vigor un calendario de aplicación gradual que permitirá a mujeres y hombres acceder al retiro con edades más bajas, siempre que cumplan con los años de servicio requeridos.
Lejos de ser una medida restringida a ciertos sectores, el decreto aplica a toda persona que cotice bajo este régimen transitorio, sin importar su función o cargo. Esto incluye personal docente, administrativo, médicos del sistema de salud pública, policías, personal del sistema de justicia y otras dependencias federales. Según cifras oficiales, alrededor de 968 mil trabajadores están afiliados a este esquema, y serán potenciales beneficiarios del nuevo modelo de jubilación.
Además de su impacto económico, social y presupuestal, la reforma también envía una señal política: el gobierno de Sheinbaum opta por atender las demandas históricas del sector público, reconociendo el desgaste físico y emocional que conlleva el servicio prolongado en diversas áreas del Estado mexicano.
¿Quiénes podrán jubilarse antes?
La modificación al régimen jubilatorio del ISSSTE establece una reducción progresiva en la edad mínima de retiro sin alterar los años de servicio que exige la ley: 28 años para mujeres y 30 para hombres. Este esquema beneficia exclusivamente a quienes se encuentran dentro del artículo décimo transitorio, es decir, los trabajadores que eligieron permanecer en el sistema anterior a la reforma de 2007.
El nuevo calendario establece que, entre 2025 y 2027, las mujeres podrán jubilarse a los 56 años, mientras que los hombres podrán hacerlo a los 58. Entre 2028 y 2030, la edad bajará a 55 años para las mujeres y 57 para los hombres. Posteriormente, de 2031 a 2033, se permitirá la jubilación a los 54 y 56 años, respectivamente. Finalmente, a partir de 2034, las mujeres podrán jubilarse a los 53 años y los hombres a los 55.
El objetivo, de acuerdo con el decreto, es reconocer el derecho a un retiro digno a quienes han dedicado su vida al servicio público, muchos de ellos con trayectorias superiores a tres décadas. Este paso también responde a presiones de sindicatos y asociaciones de trabajadores que desde hace años venían solicitando un replanteamiento del sistema, por considerarlo poco equitativo y ajeno a la realidad del desgaste laboral en ciertas áreas del gobierno.
Para evitar confusiones, la reforma aclara que estos nuevos parámetros no dependen del nivel jerárquico o función específica del trabajador. Es decir, todos los servidores públicos afiliados al régimen transitorio serán elegibles para acogerse a los beneficios del nuevo esquema siempre que acrediten los años de servicio requeridos.
¿Desde cuándo entró en vigor?
El decreto entró en vigor el mismo 25 de junio de 2025, día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. A partir de esa fecha, quedó cancelado el aumento gradual en la edad de retiro que marcaba la reforma de 2007. En su lugar, comienza a implementarse el descenso en las edades mínimas según el calendario establecido, lo cual tiene efectos inmediatos para quienes ya cumplen con los requisitos y desean iniciar su proceso de jubilación.
Esto significa que los trabajadores del Estado que hayan cumplido con los años de servicio y alcancen las edades mínimas establecidas para el periodo 2025-2027 pueden, desde ahora, iniciar sus trámites jubilatorios conforme a los nuevos criterios. Instituciones como el ISSSTE, la Secretaría de Hacienda y la Dirección General de Pensiones ya han sido notificadas para realizar los ajustes administrativos y financieros necesarios.
En la práctica, esta modificación representa un alivio para miles de trabajadores que veían cómo se acercaba la edad de retiro sin tener claridad sobre las condiciones finales de su pensión. A partir de ahora, podrán planificar con mayor certeza su salida del mercado laboral, sabiendo que su derecho a una jubilación anticipada ha sido oficialmente reconocido por el Estado.
Expertos en derecho laboral y seguridad social advierten que el reto no será menor para las arcas públicas, ya que el pago de pensiones representa una carga creciente en el presupuesto federal. No obstante, sostienen que este tipo de reformas también pueden generar un efecto positivo, como la renovación generacional en el sector público y la reducción de ausentismo derivado del agotamiento físico y emocional.
Un beneficio con condiciones claras
Aunque el decreto ofrece una mejora tangible para los trabajadores del régimen transitorio, también es importante señalar que se mantiene la exigencia de cumplir con los años de servicio establecidos en la ley. En otras palabras, no basta con cumplir la edad mínima: los beneficiarios deberán haber trabajado al menos 28 años en el caso de las mujeres y 30 en el de los hombres.
Esto significa que un trabajador que haya ingresado al servicio público en años recientes, o que aún no cumpla con el tiempo requerido, deberá esperar hasta alcanzar esa antigüedad para acceder a la jubilación anticipada. No obstante, el nuevo esquema permite proyectar con mayor precisión cuándo podrá hacerlo, lo que contribuye a una mejor planeación personal y familiar.
Además, quienes hayan optado por el régimen de cuentas individuales tras la reforma de 2007 no se verán beneficiados por esta modificación, ya que su esquema de retiro está basado en criterios diferentes. Por ello, el decreto no modifica la estructura de las Afores ni las condiciones de retiro en ese modelo.
En términos prácticos, la medida reafirma la vigencia del sistema dual que ha caracterizado al ISSSTE desde hace más de una década: uno basado en cuentas individuales y otro de carácter solidario, al cual pertenece el grupo beneficiado con este decreto. Cada uno con reglas, beneficios y restricciones distintas.
Implicaciones para el futuro del ISSSTE
La decisión del Gobierno de Sheinbaum no solo impacta a los trabajadores activos, sino también al modelo financiero del ISSSTE, institución que deberá afrontar el pago de un número creciente de pensiones a partir de 2025. En este sentido, analistas coinciden en que el Estado deberá fortalecer sus mecanismos de financiamiento, quizá con nuevos esquemas fiscales o ajustes al gasto público.
Sin embargo, también hay voces que celebran la medida como una corrección necesaria a una política que, para muchos, resultaba injusta o desfasada. Particularmente en áreas como la salud o la seguridad pública, donde el desgaste físico puede ser mayor, permitir una jubilación más temprana se convierte en un acto de justicia laboral.
El decreto también podría influir en otros organismos públicos y sistemas de pensiones estatales, donde los trabajadores exigen condiciones similares. De hecho, algunos gobiernos locales ya analizan reformas propias inspiradas en este modelo, lo cual podría iniciar una nueva etapa en la política de retiro en México.
Así, con esta reforma, el Gobierno federal reabre el debate sobre el futuro del sistema de pensiones en el país, en un contexto donde la transición demográfica y los desafíos financieros hacen urgente replantear las condiciones para una jubilación digna y sostenible.
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