Vigente desde el 9 de enero de 2026, es una herramienta clave dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad para combatir delitos como la extorsión y el fraude telefónico
La presidenta, Claudia Sheinbaum defendió la implementación del registro obligatorio de números celulares como una medida clave para combatir la extorsión y otros delitos relacionados con el uso de teléfonos móviles. Según explicó, este mecanismo forma parte de la estrategia nacional de seguridad y busca reducir la incidencia de llamadas fraudulentas que afectan a miles de personas en el país.
Sheinbaum aclaró que la protección de los datos personales no corresponde al gobierno, sino a las compañías telefónicas que administran el registro.
Señaló que son estas empresas las responsables de garantizar la seguridad de la información de los usuarios y que, en caso de que se cometa un delito, las autoridades podrán solicitar los datos necesarios para las investigaciones.
Durante los primeros días de funcionamiento del registro se reportaron fallas técnicas y problemas de seguridad en los portales de algunas compañías. La mandataria atribuyó estas dificultades a las empresas de telefonía y no a la administración federal, insistiendo en que el gobierno únicamente estableció la obligación de registrar las líneas, pero no gestiona directamente la base de datos.
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El proceso de registro estará abierto hasta el 30 de junio de 2026. A partir del 1 de julio, las líneas que no hayan sido registradas serán suspendidas. Sheinbaum subrayó que esta medida no tiene fines de vigilancia, sino de protección ciudadana, y reiteró que el objetivo principal es frenar la extorsión telefónica, un delito que ha crecido en los últimos años y que afecta tanto a personas como a negocios.
Este anuncio ha generado debate público, ya que mientras el gobierno lo presenta como una herramienta de seguridad, algunos sectores de la sociedad expresan preocupación por el manejo de los datos personales y la posibilidad de que se vulneren derechos de privacidad.
