Con el cobro de los 51 mil millones de pesos, el gobierno busca cerrar definitivamente este capítulo y destinar los recursos a programas sociales que beneficien a millones de mexicanos.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que en enero de 2026 notificará formalmente a las empresas de Grupo Salinas la obligación de pagar 51 mil millones de pesos por adeudos fiscales acumulados desde 2008. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que los recursos obtenidos se destinarán a fortalecer programas sociales, con lo que se busca cerrar un capítulo que ha marcado la relación entre el Estado y uno de los conglomerados empresariales más importantes del país.
Por qué tanto dinero tiene que pagar Salinas Pliego al SAT
El origen de este adeudo se remonta a resoluciones administrativas emitidas entre 2013 y 2018, relacionadas con el uso improcedente de pérdidas fiscales para el pago del Impuesto sobre la Renta correspondiente a ejercicios de 2008 a 2013. Tras las determinaciones iniciales, las empresas de Grupo Salinas impugnaron los créditos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia que entre 2019 y 2023 confirmó su procedencia.
Posteriormente, los casos fueron llevados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2025 desechó los últimos recursos legales interpuestos por el grupo empresarial. Con ello, los créditos fiscales quedaron firmes y la autoridad hacendaria quedó obligada a proceder con el cobro conforme al Código Fiscal de la Federación.
El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, explicó que el requerimiento de pago se hará efectivo en enero y que, de acuerdo con la ley, Grupo Salinas podría solicitar un ajuste de hasta 39% en el monto total, dependiendo del esquema de pago que se acuerde. Sin embargo, subrayó que la obligación de cubrir el adeudo es definitiva y no está sujeta a negociación política.
Claudia Sheinbaum ha insistido en que este proceso es estrictamente legal y no político. Durante sus conferencias matutinas, la presidenta ha recalcado que el cumplimiento fiscal es una obligación constitucional y que los recursos derivados de este cobro se utilizarán para ampliar programas sociales como becas y pensiones, particularmente la destinada a Mujeres Bienestar, que en 2026 contará con un presupuesto de 59 mil millones de pesos.
El empresario Ricardo Salinas Pliego ha mantenido una postura crítica frente al proceso, señalando en diversas ocasiones que se trata de un cobro excesivo. No obstante, las resoluciones judiciales han cerrado la posibilidad de nuevos recursos legales, lo que marca el inicio de la etapa final de este largo litigio. La expectativa del gobierno es que el pago se realice en tiempo y forma, con lo que se pondría fin a más de una década de disputas fiscales.
El caso ha generado amplio debate público, pues se trata de uno de los adeudos fiscales más grandes en la historia reciente del país. Para el gobierno federal, la resolución representa un mensaje de firmeza en la aplicación de la ley y en la obligación de todos los contribuyentes de cumplir con sus responsabilidades fiscales, sin excepciones por tamaño o influencia económica
